Según un estudio de Bryant Research para ProVeg International, un cambio hacia menús más vegetales en seis instituciones públicas podría lograrlo
Un nuevo estudio de modelización a escala europea, encargado por ProVeg International, revela que si España orientara la contratación pública de alimentos en sus instituciones hacia un 85 % de alimentos de origen vegetal, podría generar un ahorro de 988 millones de euros anuales —incluyendo costes sociales evitados—, además de reducir significativamente las emisiones y mejorar la salud pública a largo plazo.
El estudio, llamado «La oportunidad de 11.000 M€: liberar el potencial económico de la contratación pública rica en vegetales en la UE» (The €11 Billion Opportunity: Unlocking the Economic Potential of Plant-Forward Public Procurement in the EU), ha sido elaborado por Bryant Research para ProVeg International y realiza análisis económicos de los 27 Estados miembros, incluyendo España, centrados en seis tipos de instituciones públicas: centros escolares, universidades, residencias, hospitales, fuerzas armadas y prisiones. El análisis modela tres escenarios de contratación pública —65 %, 75 % y 85 % de alimentos de origen vegetal— frente a la situación actual, en la que España destina aproximadamente un 57 % de su gasto institucional en alimentación a productos de origen vegetal.
“Los resultados para España confirman lo que se ve también a nivel europeo: una gastronomía sostenible, impulsada por las instituciones públicas, no solo reduciría costes, sino que es una herramienta fiscal y de salud pública con un enorme potencial para nuestro país”, comenta Verónica Larco, directora de comunicación de ProVeg España.
Principales conclusiones (escenario con un 85 % de alimentos de origen vegetal) para España:
- 988 millones de euros de ahorro total anual, equivalentes a 246 euros al año por cada persona atendida en estas instituciones.
- 274,5 millones de euros de ahorro anual en los presupuestos públicos directos destinados a alimentación.
- 317,4 millones de euros en externalidades medioambientales evitadas (impacto climático, contaminación del aire, uso del suelo y del agua).
- 396,1 millones de euros de ahorro anual en costes sociales de salud y enfermedades cardiovasculares.
- 709.165 toneladas de CO₂eq reducidas al año, lo que equivale a retirar 354.583 coches de las carreteras españolas.
- 24.528 casos de obesidad en personas adultas evitados a largo plazo (si se hace ese cambio en la contratación pública de centros escolares).
¿Sigue España la tendencia europea?
El patrón español difiere del conjunto de la Unión Europea en un aspecto relevante. A escala comunitaria, los comedores escolares concentran cerca del 39 % del consumo institucional de productos de origen animal, lo que los convierte en la palanca de cambio más potente del estudio europeo. En España, en cambio, ese peso es menor (24,5 %) y se reparte de forma más equilibrada entre los centros escolares, residencias y las fuerzas armadas, que juntas suman cerca del 70 % del consumo institucional. Esto indica que, a diferencia de otros países donde la reforma de la gastronomía escolar por sí sola capturaría la mayor parte del ahorro potencial, en España sería necesaria una estrategia que abarque varios tipos de instituciones de forma simultánea para alcanzar el máximo impacto.
El ahorro crece con la ambición
El estudio modela tres escenarios de contratación pública para España, frente a la situación de partida (~57 % de origen vegetal):
“No se trata de un debate sobre estilos de vida, sino de un debate fiscal y estratégico”, afirma Jasmijn de Boo, CEO global de ProVeg International. “España es uno de los países donde la contratación pública de alimentos sigue siendo una herramienta climática y sanitaria infrautilizada. Si sus instituciones públicas destinaran el 85 % de su gasto en alimentación a productos de origen vegetal, el país podría ahorrar 274,5 millones de euros directamente de los presupuestos destinados a alimentación, y cerca de 988 millones de euros al año si se tienen en cuenta los impactos ambientales y sanitarios”.
Salud pública ahora y a largo plazo
En un análisis complementario de los costes sanitarios (gasto sanitario) y considerando el escenario del 85 %, España podría ahorrar otros 15,7 millones de euros en sanidad, siendo una estimación de los costes sanitarios (basada en el gasto), derivada de los datos observados sobre el gasto público en asistencia sanitaria relacionada con enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, cáncer colorrectal (y «otros tipos de cáncer») atribuibles al consumo de carne roja y procesada.
Más allá del ahorro presupuestario, el estudio también subraya el papel de los comedores escolares en la prevención de la obesidad. Bajo este mismo escenario del 85 %, podrían evitarse hasta 24.528 casos de obesidad en la población adulta a largo plazo, sobre una tasa de partida del 15,2 %.
Una pieza del rompecabezas europeo
España forma parte de un análisis paneuropeo que estima un potencial de ahorro conjunto de más de 11.000 millones de euros anuales para el conjunto de la Unión Europea si los 27 Estados miembros alcanzaran el mismo objetivo del 85 %. Europa destina actualmente más de 45.000 millones de euros al año a la alimentación pública, una partida que el estudio identifica como una de las herramientas climáticas y sanitarias menos aprovechadas del continente.
Nota metodológica: los costes ambientales se basan en la metodología True Cost Pricing del Impact Institute (2024, en euros de 2023 ajustados a 2025). Las estimaciones de emisiones utilizan los factores de Cool Food Pledge para Europa. Los costes de salud se presentan en dos niveles: gasto sanitario público directo (basado en datos de IHME GBD 2023) y coste social pleno (valoración de AÑOS de vida ajustados por discapacidad a 268.750€ según metaanálisis de la OCDE sobre el Valor de una Vida Estadística). El dato de residencias utiliza la proporción media europea de plazas públicas frente a privadas, al no disponerse de un dato específico para España; se recomienda su verificación por personas expertas locales antes de tomar decisiones de política pública basadas en este resultado.
